En libertad será procesado el alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, del partido ARENA, acusado por el delito de peculado. La decisión judicial estuvo basada en los pobres indicios presentados por la Fiscalía General de la República.
El alcalde Perdomo está siendo procesado por apropiarse de paquetes alimentarios destinados por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele a las familias salvadoreñas más afectadas durante la emergencia por la pandemia de COVID-19.
El artículo 325 del Código Penal salvadoreño establece que la pena por el delito de peculado oscila entre cinco y 10 años de prisión.
A pesar de las evidencias en contra del jefe municipal de Ilopango, los indicios presentados en la audiencia inicial no fueron suficientes para que el juez le decretara la detención provisional que se solicitaba.
El esmero puesto por la Fiscalía en el proceso contra el alcalde de Ilopango no es el mismo que se evidenció para presentar la solicitud de desafuero del viceministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas.
La Fiscalía se esmeró hasta conseguir un dictamen favorable de los diputados de la comisión especial legislativa para desaforar al viceministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas.
Arriaza se hizo presente a la comisión junto a su equipo de abogados quienes desvirtuaron las acusaciones planteadas por los diputados y por la FGR.
Los diputados no fueron capaces de presentar documentación oficial que haga constar que el ministro de hacienda haya sido notificado del citatorio. Por lo tanto, no es procedente la orden de apremio.
“Al hacer efectiva esta de orden de apremio ilícita, como ya lo hemos expuesto, el director de la PNC iba a incurrir en una privación de libertad, por lo que él optó por sopesar el fuero constitucional con el que cuenta el ministro de Hacienda”, abogado de la defensa.
La defensa del viceministro de Seguridad desbarató con base a pruebas documentales y argumentos legales las acusaciones hechas por los diputados y la FGR luego que el Fiscal General solicitó el desafuero de Mauricio Arriaza Chicas.
“El Fiscal General de la República hizo descansar una acusación de incumplimiento de deberes al director policial en una normativa que estaba derogada”, abogado de la defensa, Héctor García.
Los diputados miembros de la comisión de antejuicio de la Asamblea legislativa que busca desaforar a uno de los funcionarios que ha trabajado arduamente en el combate a la inseguridad y cuyo papel es de vital importancia en la implementación del Plan Control Territorial cuyos resultados son innegables y gozan del apoyo y reconocimiento nacional e internacional.
Tampoco fueron capaces de admitir prueba testimonial presentada por la defensa ni de separar a los diputados Rodolfo Parker y Yancy Urbina de dicha comisión como se había solicitado por haber adelantado criterio respecto a la resolución final que emitirá dicha comisión.