Los gobiernos anteriores beneficiaron con la asignación de centros penales exclusivos para cada pandilla de terroristas.
Así, había cárceles donde solo podían permanecer recluidos pandilleros de la MS-13, separados del Barrio 18 o de la 18 Sureños.
Habían convertido los penales en verdaderos centros de llamadas del crimen, la mayoría de extorsiones y órdenes de asesinatos salían desde el interior de los penales, sin que las autoridades pasadas movieran un dedo para impedirlo.
Con la llegada del Presidente Nayib Bukele al poder Ejecutivo, terminaron los beneficios para los pandilleros encerrados en los penales.
Fue bloqueada la señal de telefonía y de internet en todos los penales y se implementó un nuevo régimen de seguridad y orden.
Sumado al Plan Control Territorial, el Presidente Bukele, implementó el régimen de excepción, con el que se ha logrado sacar de las calles a más de 75 mil pandilleros, luego que terroristas provocaron un fin de semana sangriento en marzo de 2022.
Para evitar un hacinamiento en el sistema penitenciario con estas capturas y el gobierno construyó en tiempo récord de siete meses, una megacárcel con un sistema de seguridad impenetrable y difícil de salir, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En las celdas dentro del CECOT no hay ninguna distinción de pandilleros, están mezclados en cada celda, sin importar a la pandilla a la que pertenecen.
Los pandilleros conviven bajo los mismos protocolos, las mismas condiciones, duermen y comen en la misma celda y no tienen mayor beneficio, solo cuentan con los derechos fundamentales como cualquier otro recluso.
Ahí todos son iguales, pese a que están marcados de por vida por sus tatuajes alusivos a las pandillas, están aprendiendo a tener odio entre sí, un mal que le costo la vida a miles de salvadoreños que no tenían nada que ver con ellos.
Algunos pandilleros han entendido que su aislamiento de la sociedad se debe al error que cometieron por estar dentro de estos grupos terroristas y saben que deben pagar por sus homicidios, violaciones, extorsiones y otros delitos que eran en perjuicio de la población.