La exembajadora estadounidense defiende los intereses de los partidos políticos que por décadas han protagonizado grandes casos de corrupción y políticas nefastas para los salvadoreños.
Desde hace varios meses, la exembajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte ha estado difundiendo información calumniosa sobre el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, cooperando con el discurso opositor en nuestro país, que pretende deslegitimar a la Presidencia de la República ante la administración de Joe Biden; todo con el objetivo menoscabar las relaciones entre Estados Unidos y nuestro país.
La exdiplomática, quien ha sido fotografiada notablemente alegre con miembros tanto de ARENA como del FMLN, aduce que el oficialismo no respeta la democracia ni la institucionalidad del país, por el simple hecho de que la nueva Asamblea Legislativa, mayoritariamente integrada por el partido Nuevas Ideas, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República (Raúl Melara) y nombró a otros funcionarios para ocupar dichos cargos.
En realidad, estas críticas no tienen asidero legal, puesto que la misma Constitución faculta a los diputados a destituir y nombrar este tipo de servidores públicos. Además, dado que la población decidió en los comicios del 28 de febrero, a través de su voto, conferirle el poder político a Nuevas Ideas para tener las riendas del país, ya no solamente en el Ejecutivo, sino que también en el Órgano Legislativo; cuestionar las decisiones de la nueva legislatura constituye una transgresión a los principios democráticos.
En esa misma línea, existían poderosas razones para que los nuevos parlamentarios realizaran tales acciones. Los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia han tomado decisiones que vulneran la carta magna del país, como por ejemplo cuando reconocieron la inconstitucionalidad del nombramiento de Roberto Anzora, pero dictaminaron que debía seguir desempeñando sus funciones.
En el caso del exfiscal Melara, no hizo nada, o no desarrolló investigaciones robustas, que permitieran fundamentar querellas en contra de políticos tanto areneros como efemelenistas, sospechosos de perpetrar crímenes; como el exalcalde capitalino tricolor, Ernesto Muyshondt, o el exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno del expresidente prófugo Mauricio Funes, Benito Lara.
Pese a que hay evidencia suficiente que prueba que ARENA y el FMLN, pactaron con pandillas, el caso sigue en la impunidad. Irónicamente, la exembajadora Aponte apoya a estos partido políticos.
Además, está ampliamente comprobado que estos mismos institutos políticos se han enriquecido del erario público, e incluso de la cooperación internacional, pero Aponte nunca se pronunció al respecto.
Cabe mencionar que la demócrata, quien ya no tiene potestad alguna para emitir juicios de valor en torno a las relaciones bilaterales entre ambos países porque ya no es embajadora, no respeta la soberanía del pueblo salvadoreño, e incurre en injerencia en asuntos internos de El Salvador, violando uno de los presupuestos fundamentales a las que todo diplomático de carrera se debe ceñir.
Expertos consideran que «es una lástima que Mari Carmen Aponte sea capaz de instigar a la gestión de Biden para que corte el vínculo de amistad y cooperación que EE.UU. y El Salvador han cultivado por años, por servirle a los oscuros intereses de los detractores del Ejecutivo».
