Con el beneplácito de la Superintendencia del Sistema Financiero, SSF, ANDA comprometió su flujo de efectivo por 15 años.
Según la Corte de Cuentas de la República (CCR), durante el gobierno del efemelenista Salvador Sánchez Cerén, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) titularizó $255.4 millones en la bolsa de valores, poniendo en riesgo sus recursos financieros, además de violentar la Constitución y varias leyes secundarias.
Así lo revela la versión pública del examen especial, que recientemente publicó la CCR, en torno a la administración de ANDA , en el período comprendido del 1.º de enero de 2,015 al 31 de diciembre de 2,016.
Pese a que la Asamblea Legislativa no autorizó la operación, ANDA (entonces presidida por Marco Fortín) la hizo efectiva, supuestamente para pagar «sus obligaciones con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)», y para ejecutar proyectos de mejoramiento de la producción y distribución de agua potable en el Gran San Salvador. Fue de esta forma como la administración del FMLN violó la Constitución.
El artículo 228, inciso tercero, de la Carta Magna establece que «solo podrán comprometerse fondos de ejercicios futuros con autorización legislativa para obras de interés público o administrativo, o para la consolidación o conversión de la deuda pública».
De igual manera, la CCR señala que la institución también infringió la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y la Ley de la ANDA.
Este último cuerpo de ley reconoce, en su artículo 3 y literal g, que ANDA tiene facultades para «elebrar contratos2, pero que, cuando «se tratare de contraer obligaciones garantizadas por el Poder Ejecutivo, deberá obtenerse la autorización de la Asamblea Legislativa».
Asimismo, el segundo reparo que la CCR hizo a la autónoma es que violó el debido proceso, porque comenzó a incorporar fondos provenientes de esa millonaria titularización en el presupuesto institucional de 2016, de forma «automática» y, también, sin la autorización de la Asamblea Legislativa. La primera incorporación fue por $61.8 millones.
Por si fuera poco, la CCR también detectó que, de los $255.4 millones titularizados, $3,270.826.47 carecen de una documentación técnica, por parte de esa dependencia del Estado.
En ese marco, el examen especial de la CCR concluyó: «los registros contables relativos a gastos por un monto de $7,814,351.34 están sustentados únicamente en un detalle de ingresos y gastos emitido por la titularizadora, documento que carece de legalidad para registrar gastos en la contabilidad; sin embargo, se ha presentado documentación de gastos identificados por un monto de $4,534,524.87, quedando un saldo de $3,270.826.47, el cual no está documentado técnicamente».