En una sesión plenaria que se prolongó hasta el inicio de la madrugada, los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron a Roberto Antonio Anzora como nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República, una elección que no cumple con un fallo de la Sala de lo Constitucional porque la comisión y subcomisión Política no cumplieron con parámetros de garantizar idoneidad para el cargo, además de que no verificaron la afiliación partidaria de los funcionarios electos, entre otros aspectos.
Esto incumple el fallo de la Sala, que en la sentencia en la cual declaró inconstitucional a Carmen Elena Rivas – presidenta de la CCR hasta el próximo 27 de agosto – y a los actuales magistrados Anzora y María del Carmen Martínez, consignó que se deben de incluir criterios de idoneidad para la elección de estos funcionarios de segundo grado como la participación efectiva de la sociedad civil y la discusión de cada uno de los candidatos, basada en criterios objetivos y en la no afiliación partidaria.
“La Asamblea Legislativa debe argumentar por qué las personas electas poseen
competencia notoria según el perfil requerido y omitió documentar la no afiliación
partidaria de los abogados Carmen Elena Rivas Landaverde, Roberto Anzora y María del Carmen Martínez Barahona”, dice la sentencia de la Sala, del pasado 27 de julio, lo que aplica para esta elección de funcionarios de segundo grado.
La Sala de lo Constitucional ha definido dos criterios: el tema del mérito para el cargo y los aspectos argumentativos y de idoneidad que permiten definir mejores candidatos que otros, utilizando una serie de criterios o cálculos de evaluación, algo que no fue aplicado por la comisión y subcomisión Política de la Asamblea, según el decreto de la elección.
Para efectos prácticos, sobre el presidente Anzora, hay una serie de cuestionamientos, sobre todo su posible relación con el diputado del PDC Rodolfo Parker, a quien en una sesión de la Comisión de Hacienda le trasladó, a través de un asesor, información confidencial de una auditoría de la CCR para hacer uso político contra el ministro de Agricultura, Pablo Anliker.