El ministro de Trabajo, Rolando Castro, recordó que el edil de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson y su concejo municipal tienen cuentas pendientes con las autoridades judiciales, las cuales incluso están certificadas por la Fiscalía General de la República, al frente de Raúl Melara.
El edil tecleño cayó en desobediencia de ley al vencerse el plazo otorgado por un juzgado de lo contencioso de Santa Tecla para reinstalar de inmediato a los trabajadores despedidos en julio de 2018 cuando la alcaldía contrató a la empresa Teclaseo para la disposición final de los desechos sólidos.
“D’aubuison y su concejo municipal tienen dos condenas judiciales (exacto) han sido condenados por dos ocasiones en los tribunales competentes, pero además estas resoluciones han sido certificadas a Fiscalía”, escribió la noche de este domingo el ministro en su cuenta Twitter.
Para Castro “los tribunales le informan a Fiscalía para que esta verifique su cumplimiento y en caso de NO hacerlo, Fiscalía debe actuar por el delito de desobediencia judicial, y actuar de forma coercitiva por ser un claro desacato a una resolución, esto debería de ser en trámite ordinario”.
“Pero en este caso la resolución dice es definitiva e inapelable, o sea ya no hay ninguna instancia que pueda revertir dicha resolución lo que sorprende que hasta este día la Fiscalía no ha actuado, por eso en El Salvador seguimos denunciando qué hay una justicia selectiva y hay dos tipos de personas”, dijo el ministro.
Estos tipos de personas son “los que las instancias de este país corren a protegerlos y hasta esconder sus actos de corrupción y para la gente con estratificación humilde que para ellos nunca funcionan las instituciones, tal como lo dijo San Romero. La ley es como la serpiente, solo muerde al de pies descalzos”.
El ministro Castro señaló la semana pasada que el edil tecleño ha desobedecido una orden judicial, donde el tribunal de Santa Tecla otorgó plazo perentorio de nueve días para cumplir irrevocablemente resolución en favor de los trabajadores y certificó a FGR.
El funcionario ha reiterado el llamado al fiscal general de la república, Raúl Melara, de proceder como manda la ley en este caso y cuestionó al funcionario por aplicar de manera sesgada el poder de la FGR. El titular de la FGR ha sido señalado de proteger a d’Aubuisson y sus concejales, debido a que uno de ellos es su hermano.
Abogados de la alcaldía han argumentado ante la justicia que la comuna carece de fondos para compensar a los trabajadores y tampoco tienen plazas disponibles para reincorporar a los despedidos durante la gestión del actual alcalde.
Además del proceso por el despido de 71 trabajadores, el alcalde arenero también ha sido demandado, junto con dos tesoreros de la comuna, por retención de cuotas laborales de unos 400 trabajadores, por aproximadamente $24,000.