La Sala de lo Constitucional finalizó con un litigio de más de 40 años entre la empresa Quimagro S.A de C.V y el Banco Cuscatlán, quien declaró sin lugar los recursos de apelación presentados por los abogados de la institución financiera que pretendía revertir un fallo en el que reiteraba que deberían devolver más de $38 millones a compañía.
Con este fallo, se confirma la decisión que tomó el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, quien ordenó un embargo por más de $38 millones al banco, para que cancelara a Quimagro, la cual quebró.
Según el abogado de la empresa afectada, Antonio Vega la Sala de lo Constitucional que era dirigida por Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo Delgado y Belarmino Jaime, daban resoluciones amañadas que deterioraban económicamente a la compañía, y que a su juicio ellos cometían prevaricato.
Esta acción ilegal de parte de esos ex magistrados fue denunciada en su momento al ex fiscal Douglas Meléndez, pero decidió archivar el caso, por lo que Antonio Vega denunció al jefe del Ministerio Público y solicitó un antejuicio, por el delito de incumplimiento de deberes.
Esta denuncia tuvo que ser retomado por el ex fiscal Raúl Melara, sin embargo, dejó impune el caso.
Ahora el banco está obligado a pagar el monto, antes mencionado, tal como lo ha establecido un ente judicial superior.