Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, confirmó que esta tarde irá a la Asamblea Legislativa, para hacer un nuevo intento, desde el órgano Ejecutivo para la ratificación de los $250 millones del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que quedó en el limbo en la sesión plenaria del viernes luego de discrepancias entre los grupos parlamentarios y señalamientos del Presidente Nayib Bukele.
Zelaya volverá a la Comisión de Hacienda del Congreso, lugar donde estuvo el pasado jueves y viernes sin llegar a un acuerdo con los diputados, sobre todo con los de ARENA y el FMLN que retiraron sus votos, de último momento, como medida de presión para lograr una redistribución de fondos, sobre todo para la alcaldía de San Salvador y veteranos de guerra, cuando ya había acuerdo porque el crédito se enfoca en atención a los efectos de la pandemia de COVID-19 y apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios (mipymes).
El Gobierno espera que los legisladores asuman con seriedad su rol porque, además de no dotar de medidas legales para enfrentar el COVID-19 como un Régimen de Excepción, sería un mal mensaje ante los salvadoreños continuar esta tónica negativa y de desaprobaciones en un contexto donde lo que se necesita es unidad nacional y un abordaje integral ante la pandemia.
Siempre, el Gobierno del Presidente Bukele ha enfatizado que la Asamblea Legislativa debe jugar su papel para enfrentar la situación de COVID-19 como un problema de Estado, por lo que el llamado también aplica a la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional (CSJ), que tienen en sus manos la legalidad o no del Decreto Legislativo 661, que es parte de las herramientas jurídicas contra la pandemia.
El crédito del BID de US$250 millones tiene un plazo de amortización de siete años, un período de gracia de tres años y una tasa de interés flexible del 2.11%.
En mayo, el organismo financiero aprobó un crédito de $250 millones para El Salvador, bajo la modalidad de Financiamiento Especial para el Desarrollo, cuyo destino es el del financiamiento de medidas para contener la crisis sanitaria, mitigar su impacto sobre los hogares vulnerables, y promover políticas anticíclicas que reduzcan su efecto en la economía, con énfasis en la caída de los ingresos tributarios, entre otros aspectos.