Expresidente Alfredo Cristiani y exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt

El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, dijo este martes que que la Asamblea Legislativa debería coordinar con las instituciones del Estado para evitar que las personas que son citadas a las comisiones especiales creadas para investigar los pagos ilegales y el financiamiento de oenegés de fachada, durante los gobiernos anteriores, abandonen el territorio nacional y evadan una obligación de ley.

Argueta dijo que los diputados también pueden recurrir a solicitar la comparecencia con apremio a las comisiones especiales, de aquellos exfuncionarios o funcionarios que son llamados pero no atienen ese citatorio.

«Yo creo que la Fiscalía General, a partir de los elementos que ya existen, debe de utilizar la figura de la «noticia criminis» (aviso a la autoridad sobre un delito), y a partir de esta, no dejar que la comisión especial termine, en algunos casos especiales, verificar si se analiza medidas para que las personas no abandonen el país», manifestó el profesional.

Por otra parte, el asesor jurídico afirmó que la comisión especial que investiga los pagos ilegales recibidos por exfuncionarios a través de la desaparecida «partida secreta», ya está lista para que en el caso de algunos exfuncionarios que ya fueron entrevistados, los pasen a la Fiscalía General de la República.

«Yo creería que ya están listos para el caso de algunos de algunos exfuncionarios, el caso del expresidente Alfredo Cristiani y del exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt, para mandar a la fiscalía y que la Fiscalía sea firme y contundente y, a partir de esos elementos, haga los requerimientos correspondientes», dijo el abogado en entrevista con Noticiero El Salvador de Canal 10.

Sobre la iniciativa de reforma legal para aprobar la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, Argueta dijo que la medida es en respuesta a la infinidad de casos de robo al Estado que cometieron funcionarios de los gobiernos anteriores.

«Las reformas promovidas por el Gobierno para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción son una reacción a todo lo sucedido en los 30 años anteriores», agregó.