El Juzgado Quinto de lo Civil Mercantil ordenó embargar al Banco Cuscatlán por más de 38 millones de dólares a favor de la empresa QUIMAGRO por daños y perjuicios, más una tercera parte de dicho monto para responder por los intereses y costas procesales que reclaman en el proceso común principal.
La resolución fue dada a conocer a las partes en horas de la tarde de este viernes y en la misma se detalla que la medida cautelar se tiene que llevar a cabo lo antes posible, por lo que se tiene que liberar el mandamiento de embargo respectivo y se tiene que comisionar a cualquiera de los ejecutores de embargo propuestos.
Se trata de un caso que inició luego de que el negocio familiar (QUIMAGRO), fue víctima del sistema financiero, llevándolo finalmente a la quiebra, dado a que la institución financiera (Banco de Comercio S.A. de C.V.) intervino y administró de forma fraudulenta la empresa.
En el año 1996 la familia Vega, dueños de QUIMAGRO, inició un proceso legal conociéndose su primer fallo cinco años después, obligando al banco a cancelar una indemnización, más los gastos procesales.
Según registro, el 15 de abril de 2013, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva en la que “declara terminado el convenio de intervención financiera y administrativa celebrado el 28-08-1984 y condena al banco demandado al pago de una indemnización por daños y perjuicios a QUIMAGRO, S.A. de C.V. y a ejercer su liquidación en juicio ordinario”.
Sin embargo, QUIMAGRO enfrentó maniobras legales de la empresa financiera, teniendo que avocarse a instancias de apelación para solicitar audiencia y pronunciarse sobre la solicitud de recusaciones y otras arbitrariedades presentadas por los defensores del banco.
Son varios años los que lleva ya este proceso y al parecer ya se cerraron todas las vías legales que tenían los apoderados legales del Banco Cuscatlán para dilatar el proceso, por lo que la familia Vega considera que están a pocos días de que se haga justicia.
En el documento presentado por QUIMAGRO, se enfatizó en que si se hiciera un estudio de los jueces o magistrados que mantienen vínculos contractuales con el Banco Cuscatlán de El Salvador, es muy seguro que habría miles de expedientes judiciales en los que se deberá promover la recusación de dichos jueces.